El primer asesinato del año en nuestro país se produjo en Alcalá, en la pista de hielo para patinaje montada en la Plaza Cervantes. Un chico de 18 años, español, sin antecedentes penales asesinó de dos puñaladas a Ioan Grancea, inmigrante rumano, sin papeles ni contrato, de 26 años, casado y padre de un niño que llevaba en España menos de 3 semanas.
La pista de hielo se montó el 8 de diciembre, el ayto contrató a la empresa On Ice Renting S.L. por el servicio, ésta contrató un autónomo (Miguel Huerta) para tareas de seguridad y a su vez éste subcontrató a la empresa Move On Group Control, ni el autónomo ni ésta empresa cumple los requisitos de la ley de seguridad privada. El vigilante encargado era inmigrante rumano que cobraba 90 € la noche, éste le pidió a su primo que hiciera el trabajo por 60 €.
Sobre las 7 de la mañana del día 1, tres jóvenes intentaron acceder al recinto, el vigilante los echó y éstos llamaron a otros 10 chavales. En el transcurso de una riña, uno de los jóvenes asestó 2 puñaladas de navaja al vigilante, dejó el arma en casa de su abuela con la que vivía y se fue con su novia a comprar churros.
A unos 50 metros, dentro del Ayto se encontraba de servicio un policía municipal de custodia, que presenció los hechos, llamó a sus compañeros y cuando salió ya estaba el cuerpo del joven tendido en el hielo. Sobre su actuación se abrió una investigación interna, concluyendo que actuó correctamente. La viuda, que acompañaba al vigilante durante la nochevieja, le gritó varias veces pidiendo socorro.
La pista permaneció cerrada el día 1, pero el día 2 abrió. El alcalde decidió su cierre definitivo el mismo día 2 por la noche después de hablar con la viuda.
El actual concejal de IU Luís Suárez Machota actuando como abogado laboralista, lleva el caso. Por su parte CC.OO. califica el asesinato de "accidente laboral".
El Cuerpo Nacional de Policía ha abierto dos expedientes contra la empresa de seguridad que fue contratada por los gestores de la pista de patinaje de Alcalá donde fue asesinado el día 1 un ciudadano de origen rumano. Los expedientes pueden terminar en sanciones que van entre los 50.000 y los 100.000 euros. De esta manera concluye una parte de la investigación de los hechos, que ha sido remitida al juzgado número 1, para que abra un posible proceso penal.
PSOE e IU presentan una moción al ayuntamiento para que se supervisen todos los contratos con terceras empresas para evitar que se repita el caso de la pista, el PP rechazó la moción aclarando que eso es competencia de la Inspección Laboral, otra moción se pedía para crear una comisión de investigación para aclarar todos los hechos, rechazada también por que ya hay una investigación interna y otra judicial.
El día 5 unas 100 personas además de la viuda, familiares, alcalde y concejales, realizaron una concentración silenciosa en las puertas de ayuntamiento. El alcalde declaró que el ayto sufragaría los gastos de repatriación.
Casualmente una comitiva municipal con el alcalde, concejales y representantes de colectivos rumanos de Alcalá hicieron una visita a Rumania los días posteriores al asesinato que coincidían con el entierro del joven en su ciudad natal. La comitiva visitó la localidad rumana de Alba Lulia para estrechar lazos comerciales. Estaba previsto realizar la visita a Sibiu (precisamente la ciudad natal del asesinado), pero fue suspendida por "problemas de agenda" según el Alcalde. El alcalde de Alba Lulia devolverá la visita a mediados de Abril. Por su parte el presidente del principal colectivo rumano, Gheorghe Gainar califica la visita de "muy pobre".
El día 12 fue enterrado Ioan en Sibiu, asistieron más de 700 personas. Gheorghe Gainar denuncia que el sacerdote de la parroquia ortodoxa de Alcalá de San Jorge (Adrian Pinta) rechazó la petición de los familiares de oficiar una misa, y se tuvieron que dirigir a otro sacerdote de Madrid antes de que saliera el avión; Gainar agradece a las parroquias católicas de Alcalá su aportación de 2.000 €.
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